sábado, mayo 25, 2013

Guatemala: anulan condena a un Videla centroamericano



El ex presidente guatemalteco Efraín Ríos Montt, que gobernó el país en el período 1982-83, fue condenado a ochenta años de prisión por el delito de genocidio. Pero días después de conocida la sentencia, la Corte de Constitucionalidad (en fallo dividido) anuló el fallo, bajo el argumento de que «en todo proceso debe respetarse el derecho de defensa y, en este caso, que sea tramitado por jueces imparciales» (ABC, 21/5). De este modo, la defensa del genocida gana un tiempo precioso, considerando la posibilidad de dilatar el reinicio del proceso y los 86 años de edad de Ríos Montt.
La anulación del fallo se encuentra en total consonancia con el reclamo de sectores del partido gobernante y del empresariado guatemalteco, nucleado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif). A pesar de los límites del proceso judicial, que circunscribía el juzgamiento a un elemento decrépito y residual que no cumple ya ningún papel relevante en el sostenimiento del régimen social, el desarrollo del juicio destapó una olla que golpeó en el corazón del poder político actual. Un testigo, Leonardo Reyes, declaró que “los militares y los soldados a las órdenes del mayor Tito Arias (nombre de guerra del actual presidente Otto Pérez Molina) coordinaban la quema y saqueo de la gente para luego ejecutarlos” (Ultimas Noticias de Venezuela, 19/5). Quedó de manifiesto el hilo conductor entre las masacres de Ríos Montt y el actual aparato estatal.
Durante la dictadura de Ríos Montt, que se enmarca en un conflicto de cuarenta años que dejó 200 mil muertos, 40 mil desaparecidos y un millón y medio de desplazados (el 93% de las muertes fueron responsabilidad directa del Ejército), se implementó una política de tierra arrasada. Fueron aniquilados más de 600 pueblos indígenas en áreas donde operaba la guerrilla del Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP). A la vez, operaban escuadrones de la muerte en las ciudades. El imperialismo yanqui sostuvo al régimen de Ríos Montt, defensor de los intereses de la minería y del gran capital en general, y le proporcionó el apoyo logístico de la CIA. Con los mismos métodos de terror, el Departamento de Estado operaba entonces contra la revolución nicaragüense y las masas de El Salvador. Los acuerdos de 1996, que implicaron el fin de la guerra civil guatemalteca, supusieron también la amnistía de todos los criminales.
La lucha de las masas obreras e indígenas y la lucha de las organizaciones de derechos humanos son determinantes para avanzar en el juicio y castigo de todos los responsables del genocidio, lo que requiere para su éxito de una lucha frontal contra el actual régimen político y social.

Gustavo Montenegro

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