María Castro
Cuando se cumplen cuarenta años de los extraordinarios acontecimientos revolucionarios de mayo de 1968, la clase obrera y la juventud francesas vuelven a salir masivamente a las calles para oponerse a las contrarreformas del gobierno Sarkozy. Desde principios de año los ataques han redoblado su intensidad. Todo está en el punto de mira: la sanidad pública, la educación, las pensiones, el subsidio de desempleo... y en el sector privado, una oleada de despidos, amenazas de cierre y deslocalización.
Además de todo lo anterior, hay que añadir el aumento del coste de la vida que está afectando a la gran mayoría de la población y especialmente a los sectores más pobres. En Francia, la sexta economía mundial, la pobreza ya no se limita a los márgenes de la sociedad, más de siete millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza (817 euros mensuales) y según una encuesta del Centro para el Estudio de la Vida Política Francesa: "uno de cada dos franceses tiene dificultades para vivir con los ingresos del hogar".
Las perspectivas para el capitalismo francés no son muy halagüeñas, Sarkozy prometió un crecimiento económico del 2,5%, pero en un contexto de crisis económica mundial esa previsión ha tenido que reducirse al 1,5-1,7%. Otro de los problemas de la economía francesa es el déficit público que en 2007 fue de 50.300 millones de euros (2,7% del PIB), el propio primer ministro, Fillon, ha reconocido que "Francia está en bancarrota". El gobierno se ha propuesto conseguir el déficit cero para el año 2012. ¿Cómo lo quiere conseguir? Como los hacen tradicionalmente los capitalistas, a costa de la clase obrera, atacando todas y cada una de las conquistas conseguidas a lo largo de décadas de lucha y sacrificios. Y eso es lo que pretende ahora Sarkozy que mientras reduce un 10% los impuestos a los más ricos (15.000 millones de euros anuales), al mismo tiempo pretende recortar 7.000 millones de euros el gasto público.
La lista de contrarreformas es extensa: eliminar 80.000 empleos públicos de aquí al año 2012, reducción salarial, reducir la vivienda pública entre un 60 y 70%, menos ayudas sociales a los más necesitados, ampliar la edad de jubilación, etc. Además han anunciado una reforma de la ley de desempleo que significa reducir drásticamente el derecho a percibir el subsidio de desempleo, como resumía un artículo publicado por el periódico Le Monde: "El objetivo: obligar al parado a aceptar ‘malos empleos".
Los trabajadores y estudiantes dicen ‘no'
El intento de aumentar los años de cotización necesarios para cobrar la jubilación completa provocó una huelga del sector público el pasado 15 mayo en la que participó más de un millón de trabajadores, el mismo día, más de 300.000 participaron en manifestaciones por todo el país. Desde ese momento comenzó una oleada de protestas en distintos sectores: ferrocarriles, puertos, transporte, etc., que culminó con otra nueva jornada de movilizaciones y huelgas el 22 de mayo, en esta ocasión más de 700.000 trabajadores participaron en las manifestaciones.
Otro de los sectores en lucha es la enseñanza, tanto profesores como estudiantes de secundaria, han sido más de tres semanas de lucha y el 24 de abril miles participaron en las manifestaciones. El motivo de la lucha es la "reforma educativa" propuesta por el gobierno que implica la reducción de 11.200 empleos en el sector, con el consiguiente detrimento para la calidad de la enseñanza, además de recortar el derecho de huelga de los profesores. Otra de las medidas que han provocado la movilización estudiantil y de los jóvenes en general, es el intento de obligar a los que tienen entre 18 y 25 años a realizar cien horas de trabajo, llamado eufemísticamente "servicio civil", no pagado y que no es otra cosa que proporcionar mano de obra gratuita a los empresarios.
Otra lucha importante ha sido la huelga protagonizada por miles de sans papiers el pasado mes de abril. Se trata de trabajadores inmigrantes sin papeles que llevan años trabajando ilegalmente en la construcción, limpieza, seguridad, hostelería, etc., y que en muchos casos llevan años en esta situación. Uno de los síntomas del nivel de malestar que existe en la sociedad francesa fue el amplio apoyo que recibieron estos trabajadores. No se puede decir lo mismo de los dirigentes sindicales que, como en el caso de la CGT, en lugar de organizar y defender los derechos de estos trabajadores, exigiendo la legalización de la situación para todo este colectivo, se limitaron a defender la legalización "caso por caso".
Una vez más estamos viendo los límites de la política de "paz social" aplicada por los dirigentes sindicales que en lugar de impulsar y generalizar el movimiento, uniendo la lucha de los trabajadores del sector público con los del privado, en lugar de organizar a los inmigrantes con el conjunto de la clase obrera francesa, intentan dilatar el proceso en interminables negociaciones con el gobierno negándose a convocar una huelga general contra la política reaccionaria de Sarkozy. Los dirigentes reformistas y la clase dominante son conscientes de que la olla a presión está a punto de estallar, por esa razón intentan soltar vapor de manera controlada, pero una cosa son las intenciones de los dirigentes sindicales y otra bien distinta es la paciencia de los trabajadores.
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